Lo público no es gratis, tiene un coste.
Mantener en marcha los servicios públicos que garantizan la sociedad del bienestar, requiere una justa planificación tributaria y una estricta gestión de los ingresos por parte de las instituciones de gobierno.Durante un periodo de bonanza nuestros gobernantes han pasado de puntillas sobre la obligación de rendir cuentas y para justificar su gestión se han limitado a proyectar vagas estadísticas mediante atractivos y coloridos power-points…
En política y en el gobierno, los números se han usado según ha soplado el viento. En bonanza opacidad que facilitase la impunidad, en crisis y a fin de mancomunar las pérdidas con toda la ciudadanía, cifras y más cifras para detallar déficits, endeudamientos, límites presupuestarios y recortes. Lo abstracto ha sido muy bien utilizado para procurar que los ciudadanos mirasen a otro lado.
La realidad de nuestro tiempo nos demuestra que se robó y estafó (no entraré en casos concretos ya que habiendo tantos no sabría elegir). La llamada casta política con deberes de gobierno, gestionó en beneficio de pocos a costa y escondidas de muchos. Ahora, en una situación socio-económica extrema pretenden administrar la miseria para seguir manteniendo lo que consideran “derechos adquiridos”…
La innegable necesidad de recuperar la dignidad de nuestros representantes públicos, obliga sin duda alguna a ser transparente hasta el extremo, a procurar conocimiento total y constante de los recursos que los diferentes gobiernos gestionan. En resumen, que hasta el último euro resulte eficaz y eficiente.
Cada inversión y gasto ha de estar justificado y comunicado. Debe dejarse meridianamente claro que las actuaciones de gobierno procuran un beneficio objetivo para la ciudadanía, en caso contrario no tienen sentido. El ciudadano debe tener la tranquilidad de que los impuestos que paga se revierten en aspectos realmente necesarios y con justicia.
POLITICA ES MORAL
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