La peor forma de injusticia es la justicia
simulada. Platón
Tras la enorme alarma social provocada por la
inacabable serie de desahucios y los suicidios que estos han provocado, pareció
que el gobierno y la clase política se ponían en marcha para buscar soluciones
a un drama que tiene características de epidemia.
Las expectativas fueron enormes. Creímos que
por primera vez en mucho tiempo, todas
las opciones políticas olvidaban sus diferencias frente a una verdadera emergencia
nacional. Nada más lejos de la realidad…
De entrada, en la cocina del poder , tan solo
se ha reconocido a dos protagonistas (PP y PSOE). El resto de actores implicados
en la lucha contra el desahucio, no han tenido espacio en la mesa de trabajo
sobre la que se debía plasmar un plan de actuación urgente. En resumen, a causa
de la presión social, el Gobierno ha establecido limitación a los desahucios
pero de forma totalmente insuficiente.
No se han marcado grandes cambios legales,
tan solo se ha establecido de forma eufemística que se frenarán los desahucios “de las personas en situaciones
especialmente difíciles”. Eso ya lo establecía el rácano código de buenas prácticas de la
banca y de todos es conocida su ineficacia.
El código dejaba fuera a casi todo el mundo
ya que para su aplicación requería que “todos los miembros de la familia no
tengan trabajo, ingresos de otras actividades económicas u otros bienes con los
que hacer frente a la deuda”. Evidentemente casi todo el mundo quedaba fuera.
El gobierno del Partido Popular aprueba ahora una moratoria para frenar los
desahucios de dos años, pero no está claro a cuantos afectados
beneficiará. De hecho, los
requerimientos a los deudores son un galimatías, a saber: La renta de “toda” la
unidad familiar deberá ser inferior a 19.200 €. Además que sean familias
numerosas, o que tengan dos hijos a su cargo en familias mono-parentales, o
tener un menor de tres años en la vivienda, o un discapacitado o un enfermo
grave. También que los afectados sean parados, pero no todos, tan solo aquellos
que hayan agotado la prestación por desempleo.
Demasiadas salvedades, demasiadas…
Por encima de mandangas legalistas, el
problema es tan extremo que requería soluciones reales y rápidas. No van a
aportarlas. De hecho, el Gobierno del Estado sigue buscando un equilibrio
imposible. Por un lado se ve obligado a responder socialmente pero por otra
parte las presiones de la banca y de los mercados le marcan su incapacidad real
de gobernar. No debemos olvidar que una reforma a fondo de la Ley Hipotecaria
caería como un jarro de agua fría en una Europa que va a entregar a los bancos
españoles 40.000 millones de euros.
Miren ustedes, la dación en pago (común en
otros muchos países) debería ser el objetivo de una reforma hipotecaria, pero
no debemos olvidar que sobre los créditos hipotecarios el sistema financiero
español basa otras deudas y sin duda la estabilidad de los bancos. Por lo
tanto, el objetivo seguirá siendo que los ciudadanos sigan endeudados y
cumpliendo contratos con el diablo…
Las medidas propuestas por el Gobierno Rajoy
son a todas luces un parche insuficiente que beneficiará a muy pocos. Se trata
de un ligero maquillaje que irá poco más allá de impedir intereses de demora,
acotar a los subasteros o limitar el riesgo a la hora de conceder créditos
hipotecarios.
La realidad es que las medidas aprobadas
paralizan la expulsión de la vivienda pero se pierde la titularidad de la misma
y la deuda sigue pendiente. El Ministerio de Economía ha dejado muy claro que
“cualquier tratamiento o cambio se ha de aplicar en el momento actual y no
afectará a quienes ya han sufrido el desalojo”. De retroactividad nada de nada.
Mientras, en el mundo real, siguen ejecutándose
veinte desahucios al día y parece que
quienes pueden cambiar las cosas hacen suya la opinión de la insigne Andrea
Fabra. Sin atreverse a levantar la voz piensan; “¡que se jodan!”…
POLITICA ES MORAL
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